Las implicaciones del acuerdo petrolero entre Venezuela y EE.UU.

Venezuela y EE.UU. suscribieron un acuerdo petrolero de gran calado, antecedido por varios días de filtraciones mediáticas en las que se anunciaba que Caracas y Washington –con el secretario de Estado, Marco Rubio, a la cabeza– negociaban un pacto que redundaría en enormes beneficios para EE.UU. De cualquier manera, el acuerdo ha sido presentado como altamente beneficioso para las dos naciones, pese a las reservas que un trato de esa naturaleza ha suscitado en amplios sectores venezolanos, tras un cuarto de siglo de relacionamiento bilateral signado por el antagonismo, cuando no por la hostilidad abierta.

El pasado 28 de agosto cesaron las especulaciones y los trascendidos, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la noticia: los dos gobiernos alcanzaron lo que calificó como "el mayor acuerdo petrolero en la historia mundial", al asegurarle a su país innegables ventajas estratégicas y económicas.

Poco después, Rubio refrendó lo dicho por el mandatario y se refirió al pacto como una "gran victoria" para EE.UU., inscrita en el agresivo enfoque de política exterior 'America first', denominado formalmente 'Doctrina Donroe' o corolario Trump a la Doctrina Monroe, en el que la Casa Blanca se arroga el derecho de controlar las vastas reservas de recursos naturales de la región por motivos de seguridad nacional, incluso si ello implicare el uso de la fuerza.

Luego fue el turno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de ofrecer las primeras precisiones sobre lo acordado. Además de agradecer directamente a Trump y a Rubio "por su disposición en el desarrollo del acuerdo" y de valorarlo como un "hito histórico" en los nexos binacionales, la dignataria afirmó que la iniciativa fue el resultado "del fortalecimiento de la relación entre Venezuela y EE.UU.".

Además, aseguró que "facilitará un importante flujo de inversiones destinadas a la recuperación y reconstrucción de infraestructura estratégica para el desarrollo" de la industria local de hidrocarburos, fuertemente golpeada por más de una década de duras sanciones estadounidenses.

Sin embargo, pese a que los involucrados se expresaron positivamente sobre el acuerdo alcanzado, todavía no se conoce el texto que recoge lo suscrito. Simultáneamente, se advirtieron diferencias en la manera en la que Trump y Rodríguez se refirieron al trato y a las implicaciones que este tendrá para cada país.

Del mismo modo, quedan abiertas una serie de interrogantes con incidencia dentro y fuera del país suramericano, en especial cuando la disputa geopolítica de Washington con los que ha tildado de "rivales extrahemisféricos" no ha hecho más que empezar.

En cualquier caso, el pacto ya está en marcha. Este 2 de septiembre, Rodríguez recibió en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, al secretario de Energía de EE.UU., Christopher Wright. La visita sirvió para la firma de varios contratos con empresas ligadas al negocio petrolero (Chevron y ENI), pero también al sector eléctrico (General Electric), así como para hacer públicos otros detalles del tratado bilateral.

A ese respecto, Rodríguez precisó que el acuerdo "tuvo dos partes, una en EE.UU. y otra en Venezuela, dos momentos", mientras que Wright afirmó que el trato –al que catalogó como "monumental"– se suscribió "entre el Gobierno de EE.UU. y la empresa privada venezolana NABEP".

Los límites y alcances del "control mayoritario"

Al hacer pública la noticia, el inquilino de la Casa Blanca reveló que en las negociaciones también participó el secretario de Guerra, Peter Hegseth, y que lo pactado se cristalizó gracias a "una alianza con el sector privado". Empero, de esa declaración destacó en primera instancia la aseveración de que EE.UU. se aseguró "el control mayoritario […] sobre más de 60.000 millones de barriles de reservas probadas" de crudo en suelo venezolano, "sin costo alguno para el contribuyente estadounidense".

En el subsuelo de Venezuela yacen las mayores reservas globales de ese hidrocarburo, que según datos oficiales, superan los 303.000 millones de barriles (17,3 % del total) y equivalen a más de 500 años de explotación al ritmo actual, estimado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo en 1,2 millones de barriles por día, al cierre de julio de 2026.

De dar por bueno lo afirmado por Trump, eso equivaldría a decir que EE.UU. tendría "el control mayoritario" de 19,8 % de las reservas de crudo venezolanas. No está claro el alcance de la frase, pero esa pretensión se tropieza con impedimentos legales contemplados en la carta magna y otras leyes de la nación bolivariana.

De ese modo, en su artículo 12, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sancionada en 1999 tras su aprobación en un referéndum popular, consagra que "los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles".

En adenda, si bien en la recientemente reformada ley orgánica de hidrocarburos se ampliaron las posibilidades de participación de privados en el negocio petrolero por medio de contratos directos con la estatal Petróleos de Venezuela o la conformación de empresas mixtas, el Estado venezolano está obligado a mantener la mayoría accionaria en el caso de las asociaciones con terceros –sean Estados o particulares–, tal y como figuraba en el instrumento sancionado originalmente en 2006, que está en armonía con lo que estipula la carta magna.

Al otro lado de la acera está la vertiente económica, sobre la cual el "control mayoritario" al que aludiera el presidente estadounidense cuando dio a conocer el acuerdo luce bastante más claro. Tras ordenar el bombardeo de Caracas y el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14.373, con fecha del 9 de enero de 2026, en la que se estipula que los pagos que reciba Venezuela por cuenta del petróleo deben realizarse en los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros o en otra cuenta que el Tesoro estadounidense indique.

Fuente:https://actualidad.rt.com